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En
un informe reciente titulado "Carrera
profesional en España: deficiencias
y propuestas", la Federación
de Jóvenes Investigadores (FJI)
/ Precarios ha sido particularmente dura
e inflexible en sus afirmaciones en relación
a la carrera científica en las
universidades españolas y en los
organismos públicos de investigación.
El informe pone de manifiesto que, si
bien los científicos españoles
comparten la mayoría de las dificultades
de los jóvenes investigadores del
resto de Europa, algunas problemáticas
concretas se ven todavía más
exacerbadas en el contexto cultural investigador
español.
Las fases más
vulnerables
La vida profesional
de un académico español
trascurre por las cuatro fases tradicionales
de investigador no doctor (o ayudante),
investigador postdoctoral (o ayudante
doctor), investigador no titular e investigador
titular. El estudio ha revelado que las
etapas que podrían calificarse
como más vulnerables para el científico
son la primera (los inicios) y las de
transición.
Según la FJI,
son demasiados los estudiantes de doctorado
que tienden a escoger grupo de investigación
en base a un contacto personal o a una
beca en lugar de hacerlo en función
de la calidad del proyecto en cuestión
o de sus intereses investigadores. Además
de que existe, en general, poca información
disponible sobre los diversos departamentos
de investigación, las oportunidades
tienden a ser escasas. Cualesquiera que
sean las necesidades de los grupos investigadores,
bajo el programa FPI (Formación
de Personal Investigador) del Ministerio
de Ciencia y Tecnología sólo
se permite la concesión de una
beca por grupo. Asimismo, los estudiantes
de doctorado tienen que pensarse muy bien
cuándo les conviene enviar su solicitud,
ya que estas becas suelen ir acompañadas
de estrictas fechas de inicio.
Las dificultades
económicas constituyen otro apartado
clave en la lista de deficiencias identificadas
por la FJI características de la
primera etapa de la vida de un investigador
español. Dada la lentitud del proceso
de tramitación de las solicitudes
de beca por parte de los organismos de
financiación, muchos estudiantes
se ven obligados a comenzar el doctorado
antes de conocer la resolución
de su solicitud. Según el informe,
esto hace que los periodos de trabajo
sin remuneración sean una práctica
común en el periodo previo al nombramiento
oficial del estudiante de doctorado. Los
doctorandos también son particularmente
vulnerables hacia el final de sus estudios
de tercer ciclo, ya que determinados criterios
de eligibilidad les impiden anticipar
sus próximos pasos profesionales.
"Gran parte de las convocatorias
postdoctorales han incorporado como requisito
a la petición de su convocatoria
el ser doctor o haber depositado la tesis
en una universidad previamente a su solicitud",
enfatiza el informe.
Los investigadores
postdoctorales tampoco están inmunes
a estos periodos de trabajo no remunerado
ni a la discontinuidad profesional. "La
lentitud (en algunos casos de hasta ocho
meses) y la falta de planificación
de los plazos de concesión, siendo
la resolución de la convocatoria
en muchos casos posterior o muy cercana
a la fecha de incorporación solicitada,
dificultan, de nuevo, la incorporación
del investigador a su grupo receptor",
dice el informe de la CJI. La situación
deviene todavía más precaria
si se tiene en cuenta la corta duración
de las becas y contratos postdoctorales,
por lo general de dos años o menos.
Este hecho repercute en la inestabilidad
del investigador postdoctoral, que necesita
invertir una parte importante de su tiempo
en la búsqueda de su siguiente
puesto laboral, en detrimento de su investigación.
Según el informe,
las oportunidades en este ámbito
también son escasas. Los proyectos
de investigación con partidas presupuestarias
específicas para personal no son
frecuentes en España y generalmente
están restringidas a áreas
determinadas. Así, "los investigadores
postdoctorales que trabajan en España
están, en su mayoría, financiados
por convocatorias de lenta resolución,
principalmente ofrecidas por las Comunidades
Autónomas (CCAA) o la UE"
y "esta lentitud provoca que posibles
candidatos, sobre todo extranjeros, opten
por ofertas en otros países",
advierte el trabajo de la FJI.
Los becarios
carecen de derechos jurídicos
Los becarios de investigación,
tanto pre- como postdoctorales, se enfrentan
a un panorama de falta de regulación.
Según la FJI, éstos carecen
de derechos jurídicos garantizados
por contrato legal y, de este modo, forman
parte de un sistema en el que duración,
remuneración, requisitos y derechos
son arbitrariamente determinados por la
institución financiadora de la
beca en cuestión. Aunque recientemente,
en el 2003, ha sido aprobada una nueva
ley en un intento de mejorar la situación,
la FJI está en desacuerdo con la
cobertura mínima que ofrece por
enfermedad, minusvalía, baja por
maternidad y jubilación, y resiente
el que no incluya derechos a vacaciones
remuneradas, ni a indemnizaciones por
despido ni a subsidios por desempleo.
Además, la
nueva ley sólo afecta a investigadores
con menos de dos años de experiencia
postdoctoral que trabajen en una institución
pública, con una beca que cubra
un mínimo de un año con
un estipendio superior al del salario
mínimo profesional. E incluso si
consigue satisfacer todos estos requisitos,
es la organización que concede
la beca la que, en última instancia,
decide someterse, o no, a los dictámenes
del nuevo decreto.
Los deberes de los
investigadores pre- y postdoctorales están,
a menudo, según la FJI, mal definidos;
y en ocasiones abandonan a los jóvenes
investigadores en una situación
de indefensión. "La mayoría
de las becas y contratos de investigación
pre- o postdoctoral no requiere impartir
docencia, si bien dejan libre la opción
a ello. Muchos departamentos aprovechan
esta opción para obligar a estos
investigadores a impartir una docencia
que no es, por lo general, ni remunerada
ni reconocida", afirma con rotundidad
el informe.
Una vez los jóvenes
investigadores han superado los dos primeros
escalones de la carrera investigadora,
su situación mejora algo al poder
optar a contratos de investigación
tales como los Ramón y Cajal (RyC).
Estos programas están diseñados
para ayudar a jóvenes investigadores
a desarrollar sus propios grupos de investigación
en un periodo de transición previo
a la obtención de un puesto permanente.
La FJI considera que la última
convocatoria del programa RyC (2004) ha
supuesto un paso adelante con respecto
a los anteriores "contratos de reincorporación"
(CR), y valora, en concreto: la mayor
duración del contrato (RyC 5 años
frente a CR 3 años); la independencia
investigadora que ofrecen (materializada
en la posibilidad de que los investigadores
RyC no se adscriban a grupos de investigación
ya constituidos y puedan solicitar proyectos
de investigación) y la obtención
de ayudas de iniciación con el
comienzo del proyecto RyC.
No obstante, a pesar
de ciertas esperanzas iniciales en relación
a la integración de los científicos
con contratos RyC dentro de sus instituciones
receptoras en el medio y largo plazo,
"la realidad es diferente",
advierte el informe. "De hecho, este
programa se concebía originariamente
como un 5+5 (renovación por otros
cinco años en caso de evaluación
positiva), pero finalmente la posibilidad
de renovación no se incluyó
en la convocatoria". Además,
el apoyo financiero es, a menudo, insuficiente,
y en particular en la fase inicial, lo
que supone que "en la mayoría
de los casos el investigador RyC se ve
en la necesidad de integrarse en un grupo
de investigación ya existente que
le permita utilizar los aparatos y el
espacio necesarios para poder investigar".
Según la FJI, "esto impide
la descentralización de la investigación
en España y cierra las puertas
a aquellos jóvenes investigadores
que quieren abrir líneas no existentes".
Tal y como enfatiza
el informe, otro objetivo del programa
Ramón y Cajal es atraer a investigadores
extranjeros a centros españoles.
Sin embargo, la FJI identificó
"la falta de competitividad de este
programa con respecto a ofertas similares
de contratación en otros países
en lo referente a retribución,
presupuesto, capacidad para crear un grupo
y estabilidad futura" como un gran
obstáculo al éxito del programa
en este respecto. La carrera investigadora
en España también ha perdido
atractivo como salida profesional para
investigadores no comunitarios, en particular
debido a las trabas adicionales que han
de sortear para poder hacerse con un contrato
permanente, tradicionalmente asociado
a un puesto de funcionario.
Nuevas leyes,
regulaciones y recomendaciones... ¿Ayudarán?
Nuevas leyes y regulaciones
(a saber: la reciente Ley Orgánica
de Universidades (LOU) y el Reglamento
del CSIC) permiten la contratación
de personal indefinido no funcionario.
En el caso de las universidades, esta
posibilidad se contempla a través
de la figura del Profesor Contratado Doctor
(PCD). Aunque todavía pronto para
valorar el alcance real de esta medida
en la carrera investigadora en España,
la FJI ha expresado algunas preocupaciones:
"Consideramos necesario tomar medidas
para impedir que la figura del profesor
contratado doctor se utilice como una
vía para dar plazas a candidatos
de menor valía al margen de la
prueba de habilitación y para que
no se forme un cuerpo de contratados por
periodo indefinido de funcionarios "de
primera" y otro de no funcionarios
"de segunda". La FJI también
se lamentó de la falta de seguimiento
apropiado de las actividades investigadoras
y docentes llevadas a cabo por el personal
titular y la falta de incentivos a la
productividad, ambos amenazas a la calidad
de la investigación nacional.
La FJO realizó
una serie de recomendaciones con vistas
a mejorar tanto las condiciones laborales
de los científicos como la calidad
de la ciencia española. Considera
que "las interrupciones en la CI"
y "las etapas en las que falta la
remuneración" constituyen
grandes obstáculos en la vida profesional
de los jóvenes investigadores y
que hay que tomar "las medidas necesarias
para evitarlos". Se debe garantizar,
según la FJI, que "la iniciación
a la carrera investigadora pueda comenzar
en cualquier momento posterior al fin
de los estudios de segundo ciclo"
y una aceleración del proceso de
solicitud. Las becas de doctorado deberían
cubrir un año más aparte
de los tradicionales cuatro; este quinto
año financiado, en el que los investigadores
recién graduados ganarían
experiencia adicional en el laboratorio,
serviría de puente al primer puesto
de investigación postdoctoral.
Otro de los cambios
principales que la FJI querría
ver implementado en España es la
abolición del sistema actual de
becas, que "deben sustituirse por
contratos de investigación adecuados
a cada una de las etapas", con cobertura
completa en el RGSS (Regimen General de
la Seguridad Social). A diferencia de
los actuales, aunque poco habituales,
contratos pre- y postdoctorales renovables
anualmente, los nuevos deberían
cubrir un periodo mayor, salvo que hubiese
una evaluación negativa del trabajo
del investigador. En cuanto a la carga
docente del investigador, el FJI recomendó
el establecimiento de "los mecanismos
necesarios para que se reconozca y se
regule adecuadamente".
El informe también
hizo recomendaciones en relación
a los contratos Ramón y Cajal.
Aunque la convocatoria RyC del 2004 recoge
un aumento de la cantidad que a priori
puede obtener un investigador y una mayor
flexibilidad en el uso de ésta,
la FJI considera que dicha cantidad debería
ser mayor, para gozar de una mayor independencia.
"Debe dotarse al investigador de
una ayuda de iniciación adecuada
que le permita al investigador RyC] contar
con el equipamiento necesario para no
tener que depender de otros grupos",
señala el informe. Junto con esta
ayuda de iniciación, indica éste,
es aconsejable "dar al investigador
la posibilidad de algún contrato
pre- o postdoctoral que le permita crear
un grupo propio" (en la actualidad,
el científico solicita financiación
adicional en base a la calidad de la investigación
que está llevando a cabo). El informe
de la FJI también aludió
a que "se debe asegurar la continuidad
de programas tipo RyC, evitando la existencia
de retrasos, como los producidos en la
convocatoria de 2002 y sin que el número
de contratos ofrecidos sufra las actuales
fluctuaciones" (en la convocatoria
de 2002 se vio aproximadamente reducido
a la mitad).
La FJI también
identificó grandes deficiencias
en el capítulo de convocatorias
y ofertas. Su informe hace hincapié
en la necesidad de que haya una difusión
adecuada de los puestos de investigación
y una gran transparencia en el proceso
de selección, con vistas a consolidar
la convocatoria de plazas abiertas frente
a la promoción interna. La movilidad
internacional también ha de incentivarse,
con su correspondiente provisión
de financiación adicional, para
mejorar la formación investigadora
y la propia calidad de la investigación
a través de colaboraciones internacionales.
Puede que la lista
de propuestas y cambios de la FJI semeje
larga e inflexible, pero esto no quiere
decir que adolezca de falta de realismo.
Lo ilustra el programa Juan
de la Cierva, un nuevo programa de
financiación del gobierno español
que ofrece puestos postdoctorales a investigadores
con menos de tres años de experiencia
postdoctoral y que, como subraya la FJI,
contempla "contratos más largos,
ausencia del requisito de estar en posesión
del título de Doctor (a la hora
de solicitar), mayor flexibilidad en la
fecha de incorporación de los candidatos
y no discriminación por nacionalidad".
Aún
así, como suele suceder, todo parece
reducirse a una cuestión económica.
"Los pobres presupuestos de los grupos
de investigación, la imposibilidad
de designar personal por medio de contratos
y los retrasos en los pagos, son temas
comunes en la ciencia española",
concluye el informe de la FJI. "De
hecho, esta falta de financiación
constituye uno de los grandes problemas
que limitan la productividad de los grupos
de investigación del país".
Lo que se necesita por encima de todo
para lavarle la cara a la profesión
investigadora en España es un aumento
de la inversión en I+D, en todas
las áreas.
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