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Los
doctorandos e investigadores posdoctorales
españoles carecen de los derechos
laborales más básicos, como
lo son la afiliación al sistema
de seguridad social o las prestaciones
sanitarias mínimas. La administración
española los considera estudiantes
a todos los efectos y la mayoría
se sostienen con becas del gobierno central
o de los gobiernos autonómicos.
Estas becas cubren
un salario base y, en los mejores casos,
un seguro sanitario privado, las tasas
de la universidad y el coste de las estancias
en el extranjero. No incluyen, sin embargo,
cobertura de seguridad social: ni prestaciones
sanitarias, ni seguro de desempleo. Tampoco
las bajas remuneradas por enfermedad,
ni las bajas por maternidad o paternidad
(excepto, a partir de este año,
para aquellos que reciben becas del gobierno
central, que tienen derecho al 75% de
su salario durante un periodo máximo
de 4 meses) ni las pensiones por invalidez,
caso de que el estudiante se lesionase
en un accidente laboral (en el laboratorio,
por poner un caso).
Los salarios de los
beneficiarios de las becas de Doctorado
e investigación posdoctoral son
pobres, inferiores a los de cualquier
otro trabajador en posesión de
una licenciatura (véanse las cifras
del recuadro) y salvo que el estudiante
viva con su familia, resulta complicado
llegar a fin de mes. Y la gota que colma
el vaso es que el dinero de las becas
sufre retenciones fiscales... Una complicación
adicional es lo mucho que varían
entre sí los salarios y las condiciones
de las becas ofrecidas por los diferentes
gobiernos regionales, universidades e
incluso Ministerios. Esto puede crear
tensiones entre doctorandos que están
trabajando en el mismo laboratorio con
salarios distintos.
Nivel y variabilidad
de las becas públicas españolas
Las barras verticales
muestran los estipendios mensuales de
9 de los más de 60 tipos de becas
(otorgadas por el gobierno central, las
universidades públicas y los gobiernos
autonómicos). Las condiciones de
todas estas becas son bastante semejantes
(40 horas semanales dedicadas a la investigación;
seguridad social no incluida). Las líneas
horizontales representan los salarios
básicos de técnicos de laboratorio,
tanto licenciados (undergraduate) como
doctores (graduate), con una jornada laboral
de 40 horas semanales. Incluyen seguridad
social y prestaciones.
A. Ministerio de
ciencia y tecnología
B. Ministerio de educación, cultura
y deporte
C. CSIC
D. Universidad de Barcelona
E. Universidad de Almería
F. Universidad Politécnica de Madrid
G. Gobierno autonómico vasco
H. Gobierno de Madrid
I. Gobierno de Valenci
Debido a las dificultades
que encontró para obtener una beca
en su país natal, el químico
Fernán Santamaría decidió
preparar su Doctorado en la Strathclyde
University, en Glasgow (Gran Bretaña).
“Debido a la falta de becas doctorales
ofertadas por el gobierno central español
y los diversos gobiernos regionales, no
pude obtener financiación en España”,
explica. “El proceso de búsqueda
de un programa de Doctorado me duró
un mes. En España, entre solicitar
la admisión en una u otra institución
y esperar la llegada de una respuesta,
positiva o negativa, habrían pasado
varios meses”.
Los estudiantes españoles
también sufren una falta de regulación
específica de sus derechos y deberes.
A pesar de tener la obligación
de dedicarse en exclusiva a la investigación
y a la docencia universitaria durante
cuarenta horas semanales, la mayoría
de los becarios (doctorandos e investigadores
posdoctorales) no están representados
en los organismos electos de sus centros.
Esto implica que no tienen oportunidad
alguna para plantear asuntos que les preocupan,
como puede ser su supervisión,
por poner un ejemplo. El número
limitado de científicos contratados
como técnicos o investigadores
en las universidades españolas
supone que el peso de gran parte del trabajo
práctico relacionado con los proyectos
de investigación a menudo recae
en los doctorandos, incluso cuando los
proyectos en cuestión tienen poco
o nada que ver con sus tesis doctorales.
Además, en el caso de la mayor
parte de los doctorandos – y en particular
aquellos que trabajan en áreas
altamente experimentales – se espera
que comiencen a embarcarse en el trabajo
práctico de su tesis ya en su primer
año de doctorado, a pesar de que,
en teoría, no tengan que comenzar
a preparar la tesis hasta haber obtenido
el denominado “Diploma de Estudios
Avanzados” (constituido por un año
de docencia y otro de investigación
supervisada).
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Las prioridades para los legisladores
- Reemplazar el actual sistema
de becas de investigación
por un sistema contractual
para proporcionar a los investigadores
pre y posdoctorales la cobertura
social que se merece cualquier
profesional.
- Introducir regulación
explícita de los derechos
y deberes de los doctores.
- Sujetar a una "ley
de mínimos" a
todas las instituciones concesoras
de becas, unificando las condiciones
de las becas/contratos, con
el fin de homogeneizar la
situación de los doctores.
- Armonizar los plazos de
solicitud pata los diferentes
puestos, y resolver los trámites
administrativos con mayor
celeridad, para eliminar el
largo tiempo de espera, no
remunerado, al que se someten
los investigadores hasta la
formalización de su
siguiente beca/contrato.
- Aumentar el número
de puestos pre y posdoctorales
en España y en el extranjero
e introducir un marco profesional
que incluya mecanismos de
evaluación y promoción,
para impedir que sean tantos
los doctores que abandonen
la investigación tras
la obtención de su
título y para garantizar
la continuidad y la progresión
profesional.
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No debería
sorprendernos, entonces, que un 87% de
los estudiantes que inician estudios de
Doctorado nunca lleguen a doctorarse.
Y sin embargo, a pesar de esta sorprendente
tasa de abandono, el número de
Doctores españoles excede con creces
la cifra que puede absorber el sistema
español de investigación.
Los estudios doctorales deberían
ser el primer paso para una carrera científica,
pero una vez se ha obtenido el Doctorado,
hay pocas posibilidades de llevar a cabo
investigación en el país.
Debido a la estructura, altamente piramidal,
de la jerarquía científica
española, los jóvenes españoles
tienen menos y menos oportunidades conforme
van promocionándose de un nivel
a otro.
Los investigadores
posdoctorales están sujetos a la
misma precariedad, en cuanto a sueldo
y condiciones laborales, que los estudiantes
de Doctorado, y pueden permanecer en esta
situación de penuria financiera
durante periodos de diez años o
más. Mariano Oliveros, investigador
del Instituto de Salud Carlos III de Madrid,
tiene treinta y cinco años y todavía
se sostiene con una beca. A menudo, el
investigador se ve obligado a interrumpir
su trayectoria profesional durante largos
paréntesis de tiempo mientras espera
por la próxima beca. Eva Escudero
también trabaja en el Instituto
de Salud Carlos III y tiene dos hijos.
Dice: “Me gustaría tener otro,
pero cuando termine la beca que estoy
disfrutando en la actualidad, se espera
que continúe trabajando mientras
que no recibo la siguiente beca, pero
¿cómo se supone que pague
a una niñera si durante ese tiempo
no recibo remuneración alguna?”.
Debido a la escasez de becas posdoctorales
y a los retrasos burocráticos a
la hora de tramitar la finalización
de las becas, las personas que quieren
proseguir sus carreras científicas
a menudo se ven forzadas a trabajar sin
sueldo durante varios meses (sin esperanzas
de ser remunerados a posteriori, una vez
formalizada la siguiente beca) para no
romper el contacto con su grupo de investigación.
Debido a la falta
de vacantes en casa, los doctores españoles
suelen pasar muchos años en el
extranjero, pero tras esta partida, el
regreso al sistema de investigación
español suele ser todavía
más cuesta arriba. No es sorprendente,
por lo tanto, que un alto porcentaje de
estudiantes abandone los estudios antes
o justo después de obtener el título
de Doctor para tener un trabajo mejor
remunerado o para proseguir con sus carreras
científicas en el extranjero. Un
caso típico es el de Patricio Domínguez,
en la actualidad investigador en el Museo
de Historia Natural de Londres (Gran Bretaña),
que está considerando la posibilidad
de continuar su trayectoria profesional
en los Estados Unidos.
Incluso las oportunidades
laborales fuera del campo de la investigación
académica son limitadas. La industria
española no demanda Doctores ya
que la inversión privada en I+D
es muy inferior a la de otros países
europeos. Asimismo, a los Doctores españoles
no se les reconoce su capacitación
para desempeñar un más o
menos amplio repertorio de tareas en el
mercado laboral, lo que no sucede en la
mayor parte de Europa. Como consecuencia
de ellos, el sistema científico
español sufre una constante fuga
de cerebros mediante la emigración.
Los jóvenes
científicos españoles están
tomando cartas en el asunto para tratar
de mejorar lo que les toca. La Federación
de Jóvenes Investigadores (FJI)
es una organización nacional creada
en abril del 2000 por varias asociaciones
locales, compuesta por investigadores
que no disfrutan de un puesto estable
dentro del sistema de investigación.
El grupo incluye estudiantes de doctorado,
investigadores posdoctorales, investigadores
con contratos precarios y técnicos
licenciados o con estudios de posgrado.
Los objetivos de la FJI son luchar por
que los jóvenes investigadores
mejoren sus condiciones laborales y exigir
un aumento en los presupuestos de I+D
para mejorar el sistema español
de investigación. El FJI está
llevando a cabo negociaciones con el Ministerio
de Ciencia y Tecnología y con el
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, con los gobiernos regionales
y con varias universidades e institutos
públicos de investigación.
En febrero del 2001, más de 3000
personas asistieron a una manifestación
convocada en Madrid, y su Manifiesto por
la reforma (http://www.precarios.org/manifiesto)
ha sido firmado por más de 3000
científicos sénior.
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