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McBride no es el único que ha sufrido como resultado de la compleja y poco amistosa burocracia española en materia de reconocimiento de títulos extranjeros. Para poder ocupar puestos permanentes en España, los científicos con títulos no españoles tienen que obtener el reconocimiento oficial de sus diplomas y su convalidación por el título español equivalente, un proceso que, en el pasado, podía dilatarse mucho en el tiempo. No obstante, gracias a un pellizco de la Comisión Europea y una ley española, aprobada el pasado mes de marzo, el proceso parece haberse agilizado y facilitado, aunque sólo el tiempo dirá si el problema ha sido efectivamente resuelto.
Forzajeando con el sistema anterior
McBride se licenció en ciencias físicas por la Universidad de Bath, obtuvo un Máster en Física computacional por la Universidad de Salford, y un doctorado por la Universidad de Durham. Después de todo esto, “tenía que empezar a desarrollar mi carrera profesional, y a publicar, y descubrí que en Madrid había algunas personas muy buenas en mi campo”. Así que en el 2000, comenzó un postdoc en el Departamento de Física Química de la Universidad Complutense de Madrid con una beca Marie Curie, de la Unión Europea.
Tras salir victorioso de un competitivo proceso de selección en esta universidad, en el que obtuvo la máxima calificación, a principios del 2004 McBride fue recipiente de una plaza de profesor ayudante en su departamento. Unos cinco meses más tarde, no obstante, la decisión fue revocada, sobre la base de que, dentro del sistema educativo español, McBride no estaba en posesión ni de un Máster ni de un doctorado. “La documentación presentada”, leía la carta oficial que recibió, “no ha sido sometida a ninguno de los dos procesos legales – homologación y reconocimiento – necesarios para que sus títulos sean válidos en España, para tanto fines académicos como profesionales”.
España tiene dos sistemas para la validación de títulos académicos extranjeros. El proceso de homologación establece correspondencias entre los diplomas extranjeros y sus equivalentes españoles y proporciona acceso a la universidad y al mercado laboral. El reconocimiento profesional, por otra parte, reconoce las competencias de los poseedores de los títulos, y les autoriza para el ejercicio de su profesión en España. Este último trámite serviría pues, para la incorporación al mercado laboral, no así para el ámbito académico.
Desde que llegó a España, McBride nos cuenta que “intentó, en dos ocasiones, superar el proceso de homologación”. No obstante, antes de la implementación de la nueva ley, era un trámite complejo: sólo se podía solicitar la homologación del doctorado si ya se tenía la licenciatura homologada. Y todo ello exigía la presentación de una gran cantidad de documentación compulsada, sobre cada una de las asignaturas cursadas a lo largo de la carrera, con sus correspondientes traducciones al español. “La primera vez, tuve que parar el proceso, porque me pedían documentos que simplemente no podía obtener”, dice McBride: documentos oficiales que indicasen el número de horas de docencia de cada asignatura, y los resultados de cada uno de los exámenes finales. Cuatro años más tarde, McBride decidió volver a intentarlo, pero esta ocasión “también fue desastrosa”, dice, porque no quería deshacerse de sus títulos. “No quería darles los originales, ya que el Ministerio se los queda durante bastante tiempo. Sin ellos, no podría solicitar otras oportunidades. Entonces, se negaron incluso a comenzar el proceso”.
Sin homologación a la vista, McBride decidió llevar su caso a los tribunales, un procedimiento que sabía podría durar hasta tres años. “Mientras tanto, di clases, como doctor, en la misma universidad. En mi tarjeta universitaria se puede leer que soy “doctor”, y la tarjeta está firmada por el vice-rector. Y sin embargo, fue el vice-rector el que me negó el puesto”. “Es irónico”, continúa, “que puedan ser tan alegres y echados para adelante a la hora de emplear a alguien con un contrato temporal, pero que la misma persona encuentre tantas dificultades para lograr algo permanente dentro del sistema”.
McBride dice que recibió mucho apoyo por parte de su jefe, Carlos Vega. “Quería que me quedase y vaya si lo intentó, pero es difícil luchar contra un sistema cuando hay tantas leyes a todas luces diseñadas para impedir que los extranjeros obtengan empleo en el país”. Al final, y a pesar del apoyo de su supervisor, su postdoc llegó a término y McBride tuvo que dejar la universidad. Consiguió un trabajo en el Instituto de Química Física Rocasolano asociado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, pero el Instituto sólo le pudo ofrecer contratos cortos. “Si hubiese tenido el puesto en la universidad, estaría trabajando con vistas a lograr, antes o después, una plaza permanente”, dice. Desde entonces, McBride ha comenzado un segundo doctorado en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), que va haciendo en su tiempo libre, para asegurarse de que, de haber otra convocatoria de plazas docente, cumple con los criterios de elegibilidad.
La experiencia de McBride fue descorazonadora, pero no logró disuadirle de continuar trabajando en España. “Llevo aquí siete años; ya me he asentado. La movilidad trae consigo oportunidades, es verdad; pero no creo que uno pueda ni deba ser “móvil” toda la vida”. Aparte, dice: “Me gusta trabajar y vivir aquí”.
Otras experiencias del pasado
Antes de que se aprobase la ley relativa al reconocimiento de títulos, no era inhabitual encontrarse a científicos en España. luchando contra problemas semejantes.
Erik-Jan Malta dejó su Holanda natal y llegó a España tras obtener un Máster en biología por la Universidad de Leiden, y un doctorado en ecología marina por la Universidad de Nijmegen. En mayo del 2001 llegó a la Universidad de Cádiz para hacer un postdoc con una beca Marie Curie. En el 2004, salió una convocatoria de plazas docentes temporales, pero como no tenía sus títulos homologados, no tuvo ni el derecho a solicitar.
“De ahí me hubiese podido salir alguna oportunidad laboral, pero no se me permitió ni competir”, dice Malta. Así que en noviembre del 2004, solicitó la homologación de su título de Máster. Cuatro meses más tarde, le pidieron más documentación, que tardó otros tres meses en conseguir. “Sé que antes o después lo conseguiré; lo que no sé es cuándo”, dice Malta. Mientras tanto, está haciendo otro postdoc en el Centro de Ciencias Marinas del Algarve, en Faro (Portugal) y en la Universidad de Cádiz.
Las personas que deseasen trabajar en España a toda costa podrían pensar que la solución ideal pasaría por obtener un doctorado a través de una institución española, pero esta opción también exige la previa homologación de los títulos previos. Tras comenzar su doctorado en matemáticas en la Universidad de Heidelberg en 1994, Dagmar Meyer, en la actualidad profesor ayudante en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Göttingen, decidió finalizar su postgrado en España. “Por aquel entonces tenía un novio español; él estaba teniendo problemas a la hora de finalizar su título en Magisterio en Alemania, porque no le reconocían sus estudios previos, realizados en España. Pensamos que sería más sencillo que acabase la carrera en su país”.
Meyer decidió proseguir con sus estudios predoctorales en la Universitat Autònoma de Barcelona, pero le dijeron que, salvo que homologase su título de Máster, su doctorado no sería válido en España, aún cuando se lo otorgase una universidad española. Así que se embarcó en un proceso que, según nos cuenta, “duró un año y nueve meses: una auténtica pesadilla”. Cuando por fin consiguió la homologación, tuvo que regresar a Alemania, porque la beca predoctoral que había recibido sólo le financiaba un año de estudios.
Mientras estaba en Barcelona, “confiaba en poder trabajar como profesora, pero no pude ni acercarme a mi objetivo, porque no tenía el título reconocido”, dice. En esta ocasión, el problema era obtener el reconocimiento profesional, un proceso distinto al de la homologación. “Pude lograr el reconocimiento profesional del Máster tras un proceso que duró unos cuatro meses, pero como por aquel entonces ya estaba de vuelta en Alemania, ya no me servía para nada... Como no quería descartar la posibilidad de regresar a España en un futuro, decidí solicitar el reconocimiento profesional de mi doctorado. Pero cuando por fin lo conseguí, digamos que ya estaba harta de todo el proceso, y ya no me apetecía volver a España”.
También los propios españoles se topan con problemas a la hora de homologar sus títulos. Félix Fernández-Alonso se licenció en ciencias químicas por el Hamilton College de Nueva York y el Imperial College de Londres, y se doctoró en química física por la Universidad de Stanford. Como pensaba en regresar a España, un par de años antes de finalizar su doctorado, decidió comenzar a homologar sus títulos previos.
“El principal obstáculo que me encontré fue el hecho de que mis diplomas no fuesen europeos”, dice Fernández-Alonso. “Eso complicó mucho las cosas, a pesar de que los títulos provenían de universidades muy reconocidas a nivel internacional”. Toda la documentación tuvo que ser validada mediante un procedimiento complejo que exigía sellos del tribunal de La Haya, y la colaboración de notarios, embajadas y funcionarios del gobiernos federal y estatal. Necesité dos años y más de 2000 € para recopilar todos los documentos requeridos, y después otro año más hasta conseguir la homologación”, señala. “Por fin, puede solicitar puestos serios; por fin, me vi en la posibilidad de competir, en igualdad de condiciones, con cualquiera con una titulación semejante en España”. Pero al final esa “mejor oportunidad” le vino del Reino Unido, y allá se fue.
Mejoras
Los requisitos de homologación españoles, son los mismos para españoles y extranjeros. “En líneas generales, el título de Doctor es requerido tanto para ser profesor universitario, como para trabajar como investigador”, dice Nieves Trelles, del Centro de información sobre convalidación y homologación de títulos extranjeros del Ministerio de Educación y Ciencia español. No obstante, los requisitos exactos dependerán de cada convocatoria de concurso, publicada por la autoridad competente.
A tiempo, la Comisión Europea expresó su preocupación por las largas demoras en los procesos de homologación, que consideraba amenazas a la libre circulación de trabajadores y estudiantes. En el año 2002, un dictamen judicial otorgó a la Comisión Europea el poder de exigirle, a países como España, cambios en sus legislaciones nacionales en materia de reconocimiento de títulos extranjeros; en el 2004, España recibió una advertencia oficial.
Dos meses antes de esta advertencia, las autoridades españoles, probablemente conscientes de su inminencia, emitieron un decreto. Una nuevaley aprobada en noviembre del 2004 permitió a los solicitantes presentar fotocopias compulsadas, en lugar de los títulos originales. Y lo que supuso todavía más: otra ley de marzo del 2005 hizo posible que a partir de ahora se pueda solicitar la homologación de un doctorado, sin tener que tener la homologación previa de todos los títulos conseguidos con anterioridad.
Asimismo, en la actualidad, “los titulares de doctorados de países europeos y no europeos pueden solicitar la homologación de sus títulos en las propias universidades españolas”, señala Trelles. Más aún: la nueva normativa exige que el solicitante obtenga una respuesta en un tiempo inferior a los seis meses. “En el caso de las homologaciones a título Superior Universitario, hay muy pocos retrasos; en cuanto a la homologación a Grado Académico, el proceso es muy rápido, siempre y cuando se hayan presentado todos los documentos requeridos”, dice.
La Comisión Europea está vigilando la situación, pero las mejoras ya parece que se van sintiendo sobre terreno. Valentina Luridiana, una científica italiana con una licenciatura por la Universidad de Pisa, y un Máster y un doctorado en astronomía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es de las primeras en beneficiarse del nuevo sistema. Llegó a España en el año 2001 para hacer un postdoc en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del CSIC, en Granada. En el 2004, recibió un contrato del CSIC para continuar su trabajo en el instituto.
Hasta hace poco, Luridiana evitó solicitar la homologación, un proceso que consideraba demasiado largo y costoso. En mayo del 2005, no obstante, oyó hablar de la nueva ley y pidió información sobre la nueva normativa a la Universidad de Granada. Tras un par de meses, le pasaron una lista de documentos que tendría que proporcionarles. En tan solo unos meses, consiguió recopilar toda la información solicitada; y 16 días después de haber presentado su solicitud (y tras haber pagado unas tasas de tramitación de €100), recibió una carta confirmándole la concesión de su homologación.
La nueva ley y experiencias con final feliz como éstas son motivo de esperanza para científicos que han tenido que luchar en el pasado. “Estoy preparando la documentación para la nueva solicitud de homologación”, dice McBride. Pero estaría todavía mejor, añade, que los títulos de universidades extranjeras de reputación reconocida pudiesen ser homologados de manera automática: “Es posible que llegue un día en el que las calificaciones obtenidas dentro de Europa sean como pasaportes”. Por lo pronto, ese “día” todavía se hará de rogar, pero eso no quita que podamos afirmar que la nueva normativa española en materia de homologación haya acercado a los científicos europeos, como nunca, al concepto de verdadera movilidad.
Para más información:
Practical guide for foreign researchers in Spain, 2004
Elisabeth Pain es editora colaboradora de Next Wave para Europa Occidental y Meridional.
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